“Los dos motivos que podrían provocar su condena no podrían hacerse explícitos. El primero de los motivos es su apellido. En alguno de los actos procesales de esta causase mencionó su relación de parentesco con Néstor Kirchner. Eso es un resabio muy primitivo del derecho donde se juzgaba por clanes. El otro motivo oculto es el hecho de que se lo privó de su libertad durante casi dos años”, dijo Enrique Arce, uno de los defensores de Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, en su alegato para quien pidió la absolución.
Los letrados Arce y Nicolás Guzmán aseveraron que una posible condena del Tribunal Oral Federal 2 serviría para ocultar la irregularidad cometida contra el ex funcionario. Dijeron que su defendido estuvo preso injustamente durante dos años en el penal de Ezeiza y si fuera absuelto, mostraría que los jueces incurrieron en una grave injusticia y en consecuencia, consideraron que igualmente sería condenado para evitar quedar en evidencia.
El ex subsecretario es juzgado en la causa conocida como “Vialidad”, que se refiere a las supuesta irregularidades en la obra pública en Santa Cruz que recibió el empresario Lázaro Báez de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en la cual hay 13 imputados. Además de este juicio, el ex subsecretario está procesado presunto enriquecimiento ilícito.
El ex funcionario ha sido señalado como integrante de una asociación ilícita, que habría defraudado al Estado nacional en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola afirmaron que Carlos Kirchner omitió sus funciones y solicitaron una condena a dos años de cárcel en suspenso por violación de los deberes de funcionario público.
Los defensores dijeron que su defendido no tuvo ninguna relación con las obras que se juzgan en el caso y por lo tanto, debe ser absuelto. “Estaba en total y absoluto desconocimiento de lo que ocurría con las 51 obras públicas. No por un desconocimiento deliberado, sino porque sus tareas eran otras”, afirmó Guzmán. Su colega manifestó que cuando el ex director de Vialidad Nacional de la administración de Mauricio Macri, Javier Iguacel, hizo su denuncia, no mencionó al arquitecto Kirchner, que apareció en la causa cuando los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron las indagatorias de 34 personas, entre las que figuraba Kirchner.
Su único rol
El alegato se realizó por videoconferencia que fue seguida por Kirchner. Según la defensa, a través de las declaraciones de muchas personas en el juicio” que Kirchner no incurrió en el delito de abuso de autoridad, porque no estaba dentro de su potestad el control de las obras de Santa Cruz, así como de ninguna obra vial del país; su único rol de la gestión de las obras públicas municipales, no incluía rutas en ningún caso.
Los letrados aseveraron que la acción penal por violación de los deberes de funcionario público está extinguida porque ese delito tiene una pena máxima de dos años de prisión -la que se pidió para Kirchner- y que ya transcurrieron esos dos años como plazo máximo para investigar el caso. La defensa señaló que el último acto que interrumpe la prescripción fue la elevación a juicio oral de la causa y que eso ocurrió el 28 de mayo de 2018. Arce y Guzmán consideraron que desde esa fecha hasta la actualidad transcurrió cuatro años.
“Coincidimos con la fiscalía en que Carlos Kirchner es inocente, pero en lo que no coincidimos es que haya existido alguna vez un grado de sospecha”, afirmó Arce. Luego preguntó cuál habría sido el verdadero objetivo perseguido por “los fiscales ad hoc” de instrucción -en referencia a Pollicita y Mahiques- al involucrarlo en esta causa. El fiscal original del caso, Carlos Rívolo, no lo había incluido entre los imputados.
La defensa del arquitecto Carlos Kirchner insistió en que los fiscales quisieron aplicarle a su representado el “resabio del derecho penal primitivo” al imputarlo y encarcelarlo solo por ser el primo del ex presidente fallecido.
El alegato de López: la fiscalía pidió una condena de 10 años
Hoy a las 9.30, proseguirá el juicio con el alegato de la defensa del ex secretario de Obras Públicas, el tucumano José López, acusado de integrar una asociación ilícita y de defraudación al Estado, razón por la cual la Fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. El ex funcionario ya fue juzgado y condenado a seis años de prisión en otra causa por enriquecimiento ilícito.